La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha declarado inconstitucional la obligación de emitir facturas electrónicas para profesionales liberales, artesanos y artistas. Esta decisión se basa en una demanda presentada por el Colegio Nacional de Abogados, argumentando que dicha obligación viola el derecho a la libre profesión establecido en la Constitución.
La acción de inconstitucionalidad se presentó contra el numeral 5 del parágrafo tercero del articulo 2 de la Ley No.256 de 26 de noviembre de 2021, “Los servicios prestados en ejercicio de profesiones liberales, artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles”; y, contra la frase “prestación de servicios contenida en el párrafo tercero del artículo 1, así como el primer párrafo del parágrafo primero del mismo artículo también de la Ley No.256 de 26 de noviembre de 2021 “Que modifica artículos de la Ley 76 de 1976 sobre medidas tributarias”.
Argumentos principales de la sentencia:
–Afectación a la libertad de profesión: La obligación de emitir facturas electrónicas implica una carga administrativa adicional que afecta significativamente la libertad de ejercer una profesión liberal, oficio o arte.
–Trato diferenciado: Los profesionales liberales tienen características particulares en sus operaciones económicas que los diferencian de los comerciantes, por lo que no deben estar sujetos a las mismas formalidades y rigores.
–Falta de razonabilidad: Aunque el objetivo de la medida es evitar la evasión fiscal, existen otros mecanismos legales y reglamentarios para lograrlo sin afectar la libertad de profesión.
Consecuencia de la sentencia:
–Exención de la facturación electrónica: Los profesionales liberales, artesanos y artistas quedan exentos de la obligación de emitir facturas electrónicas, al menos por el momento.
–Protección del derecho constitucional: La Corte Suprema ha reafirmado el derecho constitucional a la libre profesión y ha limitado el alcance de las regulaciones tributarias cuando estas afectan de manera desproporcionada este derecho.
En resumen, la sentencia es una victoria para los profesionales liberales en Panamá, quienes ahora cuentan con una mayor protección de sus derechos constitucionales. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión se limita al caso específico de la facturación electrónica y no implica una exención total de obligaciones tributarias para este grupo.