La situación que se vive en Panamá, donde un recurso tan vital como el agua dulce se utiliza en gran medida para el beneficio global mientras la población local enfrenta escasez, plantea serias preocupaciones sobre la equidad en el acceso a los recursos básicos. La escasez de agua potable puede ser vista como una violación de los derechos humanos, dado que el acceso al agua limpia y segura es un derecho fundamental reconocido por las Naciones Unidas.
Así está establecido en el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:
“Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,…”
El concepto de “crimen de lesa humanidad” se refiere a actos susceptibles de ser considerados graves violaciones de derechos humanos, pero generalmente se aplica a situaciones de violencia extrema, como genocidio, tortura, esclavitud, entre otros. Sin embargo, la falta de acceso adecuado a recursos esenciales como el agua puede ser considerada una violación sistemática de derechos humanos si se encuentra en el contexto de políticas públicas que priorizan intereses externos sobre el bienestar de la población local.
En este caso específico, la situación podría calificarse como una injusticia social grave y un problema de gobernanza. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos podrían exhortar al gobierno panameño a abordar esta disparidad y garantizar un acceso equitativo al agua para todos los ciudadanos. Es fundamental que se busquen soluciones sostenibles y justas que prioricen las necesidades de la población local frente a los intereses comerciales globales.